Autor:
Sergio Ocampo (Analista)
Fuente:
Larepublica.com.co
“Un
país donde el presidente es un Santos, el director del primer periódico del
país está casado con una Santos, el director de la revista más importante es un
Santos, el que está trabajando tras bambalinas por la paz es un Santos y el que
le hace la oposición es un Santos, no existe ni en África”.
La
frase, lúcida, crítica, ligeramente pretenciosa y quizá expiatoria, no proviene
de ningún representante de la tradicional y resentida izquierda colombiana,
sino de Francisco Santos, ex periodista, ex vicepresidente y desde la semana
pasada ex director de noticias de RCN radio. Y digo pretenciosa, no porque haga
alarde de su linaje administrando tantas posiciones de poder, sino porque se
autocalifica como “el que le hace la oposición” a su primo presidente. Y digo
expiatoria porque de ese modo “Pacho” parece confesar que estaba en la radio
para servir de caja de resonancia de los odios e intereses uribistas, y no para
hacer periodismo.
Pero
lo verdaderamente importante es que la frase resume (¿a consciencia?) uno de
los males más inveterados e insolubles de este país, que lo hacen a la vez uno
de los más feudales y con peor pronóstico de desarrollo humano real. Hablo de
la profunda exclusión social.
El
tema es sin duda muy traqueado, pero vuelve a cobrar plena vigencia por los
diálogos de paz que empiezan a abrirse paso. En mi mente están las palabras de
Lucía González, guerrillera del ELN y delegada para los acercamientos entre la
insurgencia y el gobierno en 1991, que arrancaron en Cravo Norte (Arauca) y se hundieron
en Tlaxcala (México): “Mientras en Colombia el 98% de la tierra sea del 1% de
la población, no habrá nada qué hacer, ni dialogar, ni negociar”, decía ella.
Tal
vez las cifras de Lucía no eran muy precisas, pero iban bien encaminadas. De
acuerdo con el informe de Luis Jorge Garay “Crisis, exclusión y democratización
en Colombia”, en la actualidad un 1,08% de los propietarios posee más del 53%
de la tierra del país. El propio Garay revela además que el acceso a los
activos financieros también ha estado restringido a unos pocos, tanto que los
primeros 1.500 acreedores más grandes copan el 75% de toda la cartera de los
bancos. Y de colofón, según la última Encuesta de Calidad de Vida, de
Fedesarrollo, el 10% más rico de la población se queda con el 51% del PIB,
mientras que el 10% más pobre apenas se reparte el 0,6.
Pero
más que económico, el asunto de la exclusión es político y es cuestión de
decisión política no disminuirla, y en lugar de ello profundizarla y, sin duda
alguna, perpetuarla de modo intergeneracional.
Eso
hace que, sin mérito alguno y apenas por la inercia de la cultura política y
las relaciones de poder, Julio César Turbay Quintero (Junior) haya terminado
siendo contralor general (en una de las peores gestiones, por demás); o que
Simón Gaviria sea presidente de la Cámara y director del Partido Liberal, a los
31 años. Carolina Hoyos Turbay, sobrina de Junior justamente y viceministra de
Tecnologías, lo resumía perfecto en una entrevista en 2008 cuando era
comisionada de Televisión. A la pregunta de si no creía que se le estaba
demorando el nombramiento en un Ministerio, ella respondía algo como un ya
llegará. “Sé esperar. Soy una Turbay”, decía con la lógica de quien cree que
aquello hace parte del orden natural de las cosas.
Hace
unos días, por cuenta del remezón en el gabinete ministerial, La República
publicó una serie de informes sobre los ministros de los últimos 21 años. Allí
se comprueba que, por ejemplo, Mauricio Cárdenas, hijo del zar del café, ha
sido titular en 18 años en Minas, Hacienda, Transporte y en Desarrollo, cuatro
carteras todas económicas, pero muy distintas. Independiente de los grandes
méritos de Cárdenas, un país incluyente habría pensado en cuatro colombianos
para esos cuatro cargos. Y hay más datos: los 149 ministros que ha habido desde
1991 en los 16 ministerios del Ejecutivo, son egresados en un 62% de solo cinco
universidades: Javeriana, Andes, Bolivariana, Nacional y Rosario. Solo las dos
primeras suman el 44%. ¿Dónde está el resto del país?
Sin
duda, esta forma de organizarse bajo el esquema de excluir a las enormes
mayorías y preservar para sí casi todos los espacios en el campo del poder es
útil y funcional para las élites pues les permite mantener intactos sus
privilegios y sus patrimonios en todo sentido, social, económico, simbólico;
sin embargo, es una estrategia miope y torpe en el largo plazo porque frena el
verdadero desarrollo y la expansión social de masas enormes, no necesaria y
exclusivamente pobres.
“Pacho”
tiene razón. Esto no pasa ni en África.
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